El Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de junio de 2024, ha afianzado el principio de “regularización íntegra”, en tanto entiende que en las actuaciones de comprobación la Administración debe considerar todas las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la comprobación e investigación de ejercicios prescritos sobre ejercicios no prescritos.

En este caso, la Inspección determinó que la provisión por insolvencias registrada por una compañía en los ejercicios 2005 y 2007 no era deducible, ya que se correspondía con deudas que la sociedad no debía haber contabilizado como ingresos en ejercicios anteriores. Pues bien, en este caso la Administración debió corregir también la tributación de dichos ingresos, incluso si fueron registrados en ejercicios prescritos.

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