El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 10 de enero de 2022, a partir de una interpretación finalista de los beneficios fiscales de la empresa familiar, admite que los activos financieros de una compañía (acciones, renta fija, fondos de inversión, depósitos,..), si puede justificarse que son necesarios para su actividad y que, por ejemplo, le permiten obtener financiación externa en condiciones favorables, pueden estar afectos a una actividad económica. Es decir, hace depender esta afectación de la prueba que aporte la compañía.

Este criterio supondrá un argumento importante a esgrimir ante la Administración Tributaria, dado que, en la práctica, ésta deniega automáticamente que los activos financieros puedan estar afectos a una actividad económica, no sólo en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones (para la bonificación del 95%) sino, también, en el del Impuesto sobre el Patrimonio (para su exención).

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